Balance de la legislatura: no hubo consulta, pero sí reforma laboral y otros proyectos
Quizá la principal derrota para el Ejecutivo fue la negativa a la consulta popular; no obstante, se aprobó la reforma laboral con varios “puntos de honor” para el Gobierno.
La legislatura que terminó el pasado 20 de junio dejó un sabor agridulce para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Hubo un deterioro en las relaciones con el Congreso; el mandatario tuvo varios choques con el saliente jefe del poder Legislativo, Efraín Cepeda; se le negaron varias apuestas, pero también se aprobaron otras claves.
Ahora, la agenda la acaparó un debate clave: la consulta popular propuesta por el Gobierno tras el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado -que luego fue aprobada tras recibir una nueva oportunidad en la Comisión Cuarta de esa misma corporación-.
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Efraín Cepeda resumió su gestión en lo siguiente: “Demostré que es posible concertar para aprobar reformas en beneficio de los colombianos, como la que les dio más autonomía a las regiones, la reforma al Sistema General de Participaciones, que refuerza nuestro propósito por la descentralización que ordenó la Constitución”.
El debate de la consulta popular
Quizá la principal derrota para el Ejecutivo fue el rechazo la consulta popular; que, a falta de una, se hundió dos veces. La propuesta se puso sobre la mesa tras el hundimiento de la reforma laboral. Y buscaba preguntar a los ciudadanos si estaban de acuerdo con ese proyecto en 12 preguntas.
Los señalamientos por la presunta ilegalidad del archivo de la consulta fueron muchos; incluso hubo demandas desde el Pacto Histórico, de voces como la de María José Pizarro, que aseguraron que el proceso fue ilegítimo porque algunos de sus colegas no habrían alcanzado a votar y porque no se le permitió apelar la decisión.
En todo caso, el archivo de la reforma laboral, el trámite de la consulta popular y los señalamientos del presidente Gustavo Petro al Congreso por, según él, ponerse en contra del pueblo trabajador, dejaron las relaciones interinstitucionales en uno de sus momentos más complejos. La máxima tensión llegó, todavía más, con el atentado contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático.
El revés en materia económica
En la legislatura que pasó, las Comisiones Económicas le hundieron al Gobierno el Presupuesto General de la Nación para 2025 y también la ley de financiamiento, con la que pretendían recaudar cerca de $12 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal. Desde entonces, el presidente ha asegurado no tener los recursos para cumplir con su plan de gobierno en este último año.
Se hundió la reforma política
El proyecto proponía listas cerradas, un rediseño del Consejo Nacional Electoral (CNE), financiación primordialmente estatal y uno de los puntos más importantes: revivir el transfuguismo en Colombia, es decir, que los congresistas actuales pudieran aspirar por otro partido sin renunciar a sus curules.
Esta iniciativa era clave para el Pacto Histórico. Y lo necesitan voces como las de María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez, para salir del MAIS y sumarse a un partido único progresista que está en constitución. De hecho, este 19 de julio se realizó una convención nacional de esa coalición para establecer las reglas internas para el 2026.
¿Qué se aprobó?
El proyecto más importante aprobado fue la reforma laboral, que pese a todo el debate a su alrededor y luego de que el Gobierno la dejara a su suerte en la Comisión Cuarta del Senado para priorizar la consulta popular, logró el visto bueno con la mayoría de los puntos que quería el Gobierno: horario nocturno desde las 7:00 p.m., recargos dominicales y festivos pagos al 100% y contrato laboral para los aprendices del SENA.
De otro lado, en contrarreloj, el Gobierno y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, lograron que se intentara subsanar los vicios de trámite de la reforma pensional en sesiones extraordinarias. Esto, luego de que la Corte Constitucional devolviera la ley a la Cámara para corregir esos errores. Se votó nuevamente el texto del Senado y aprobó con más de 97 votos a favor. El Ejecutivo celebró esta decisión, pero la Corte deberá definir si se subsanó correctamente.
Ahora, entre los proyectos que lograron unir a las tres ramas del poder público estuvo la reforma a la justicia, que fue impulsada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y las altas cortes. Fue aprobada en sus cuatro debates y plantea medidas para descongestionar el sistema judicial.
Otro fue el proyecto que regula las encuestas políticas, que ha recibido varias críticas en los últimos días. La norma señala que no se podrían publicar encuestas en los tres meses anteriores a la inscripción de candidaturas para las elecciones del 2026; se ha dicho que restringe la libertad de información.
En medio de todo, el Gobierno también logró poner en la Corte Constitucional a algunas voces afines. Durante la última legislatura se eligieron como magistrados a Miguel Polo y Héctor Carvajal, cercanos al progresismo.
La recomposición de algunas curules
Tras la captura de Iván Name por el escándalo de la UNGRD, quedó una silla vacía. Fue polémico el regresó Ciro Ramírez tras levantarse la medida de aseguramiento en su contra. De otro lado, Miguel Uribe continúa ausente tras el atentado del que fue víctima. Y Humberto de la Calle y David Luna renunciaron; fueron reemplazados por León Fredy Muñoz y Temístocles Ortega, mucho más cercanos al Gobierno.
De hecho, Cambio Radical sancionó el 18 de julio a Ortega y a la senadora Ana María Castañeda, también de ese partido, por ausentarse de las votaciones de las consultas populares. Ambos perdieron voz y voto por un año, lo que le quitaría esos dos apoyos claves al Ejecutivo para este 2025-2026.
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